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La corte confirma la política fronteriza del Título 42 del gobierno federal

El tribunal de circuito dice que EE. UU. puede continuar expulsando migrantes en la frontera bajo una política vinculada a Covid-19, negándoles la oportunidad de solicitar asilo

13 de marzo, 2022

El gobierno de EE. UU. puede seguir expulsando a las familias migrantes en la frontera sur bajo una política de salud pública conocida como Título 42, negándoles la oportunidad de solicitar asilo, pero no puede enviarlos de regreso a países donde su vida o libertad estarán en peligro, dictaminó el viernes un tribunal federal de apelaciones.

El fallo, emitido por la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito del Distrito de Columbia, permitirá por ahora que la administración de Biden continúe utilizando la política de salud pública, la herramienta clave que tanto la administración de Biden como la de Trump han utilizado durante los dos últimos años para combatir los cruces fronterizos ilegales.

Sin embargo, es probable que el fallo requiera que la administración de Biden comience a evaluar a las familias migrantes antes de expulsarlas para asegurarse de que cualquier expulsión no resulte en persecución o tortura de los migrantes.

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“Es probable que [el Título 42] otorgue al Ejecutivo una amplia autoridad para prohibir la entrada de extranjeros a los Estados Unidos durante una emergencia de salud pública; que el Ejecutivo podrá expulsar a los extranjeros que violen tal prohibición; y que bajo… la Convención contra la Tortura, el Ejecutivo no puede expulsar a extranjeros a países donde su “vida o libertad estarían amenazadas”, escribió el panel de tres jueces en una opinión unánime.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades bajo la administración de Trump emitieron su orden del Título 42 en marzo de 2020, utilizando una oscura autoridad de salud pública de 1944 que permite al gobierno impedir la entrada de extranjeros para prevenir la propagación de una enfermedad contagiosa.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles demandó a la administración de Biden el año pasado por el uso del Título 42 para expulsar a las familias de inmigrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo, una política que, según argumentó, eludió ilegalmente las protecciones legales existentes incorporadas en la ley de inmigración.

El Tribunal de Distrito de EE.UU. en Washington emitió una opinión preliminar que confirmaba esa opinión, aunque la orden del juez del tribunal de distrito que detenía los desalojos de familias quedó en suspenso.

La corte de apelaciones restringió esa opinión y solo dijo que el gobierno no tiene el derecho general de expulsar a los migrantes independientemente de las preocupaciones de seguridad.

El caso aún se encuentra en una etapa preliminar y el tribunal de apelaciones devolvió el caso al Tribunal de Distrito para una revisión adicional. La opinión tampoco se aplica a los inmigrantes que viajan sin hijos menores, ya que no fueron parte de la demanda de la ACLU. La administración de Biden ya acordó no usar el Título 42 para expulsar a menores no acompañados y los eximió del Título 42 bajo una nueva política de los CDC a tal efecto en julio.

Sin embargo, un juez federal en Texas dictaminó en un caso separado el viernes por la noche que la administración de Biden no puede eximir a los niños no acompañados del Título 42, basándose estrictamente en su condición de niños no acompañados. Esa demanda fue presentada por el estado de Texas, que ha argumentado que las políticas de inmigración de Biden son dañinas para el estado.

En un caso presentado por la ACLU que impugnaba el Título 42 bajo la administración Trump, la corte federal de apelaciones en Washington dictaminó en enero de 2021 que los menores no acompañados podían ser expulsados ​​​​bajo el Título 42. Esa orden judicial se volvió discutible después de que la administración Biden anunció que ya no tenía la intención de sacar a los niños que viajan solos bajo la política de salud pública.

En su fallo de 37 páginas del viernes por la noche, el juez federal de distrito, Mark Pittman, suspendió su propia orden durante siete días, lo que le dio al gobierno la oportunidad de apelar. Si se mantiene el fallo, los niños también estarían sujetos al fallo de la corte de D.C.

Los representantes de la administración de Biden no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre ninguno de los dos fallos.

Lee Gelernt, el abogado de la ACLU que argumentó el caso ante la corte de apelaciones, dijo que el fallo representaba una victoria para los migrantes porque el gobierno ya no puede usar la ley de salud pública para negar sus derechos humanos.

“Ningún tribunal ha aceptado la opinión del gobierno de que las leyes de salud pública pueden anular nuestras obligaciones nacionales e internacionales”, dijo Gelernt. “Esperamos que la administración de Biden ahora acepte este fallo de la corte de apelaciones y termine con el Título 42 en todos los ámbitos sin más litigios”.

En el primer año de la administración Biden en el cargo, expulsó a inmigrantes del país alrededor de 1,1 millones de veces, y unas 150.000 de ellas representaron expulsiones de familias inmigrantes. La mayoría fueron enviados de regreso al otro lado de la frontera con México, pero algunos estaban en vuelos de expulsión a sus países de origen, incluidos Haití y Guatemala. Estados Unidos incluso ha comenzado a expulsar a algunos migrantes a terceros países, como los venezolanos que cruzaron ilegalmente la frontera con Colombia, que ya alberga a 1,7 millones de venezolanos desplazados, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.

El fallo de la corte, en caso de que no se detenga en espera de más litigios, eliminaría parte de la apelación que ofrece el Título 42. En lugar de realizar expulsiones generales de migrantes, como los miles de haitianos que el gobierno de Biden deportó de regreso a Haití en septiembre, debería proporcionar a cada persona una evaluación, lo que llevará un tiempo considerable.

Los jueces reconocieron que su fallo significaría que más migrantes serían mantenidos detenidos muy cerca unos de otros y de los funcionarios fronterizos, una de las situaciones que la política del Título 42 del gobierno había tratado de evitar para prevenir la propagación de Covid-19. Pero el tribunal reprendió a la administración de Biden por no ajustar su razonamiento sobre la pandemia a medida que pasaba el tiempo.

“La orden [Título 42] de los CDC parece, en ciertos aspectos, una reliquia de una era sin vacunas, pruebas escasas, pocas terapias y poca certeza”, escribieron los jueces. “No podemos ceder ciegamente a los CDC en estas circunstancias”.

Escriba a Michelle Hackman a michelle.hackman+1@wsj.com

Este artículo ha sido traducido del inglés por Noris Argotte Soto para República.

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